[COMUNICADO] Sobre la vulneración de los derechos humanos de los Pueblos Originarios en la provincia del Chaco en el contexto de la pandemia por el COVID-19

 

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Foto: La Tinta. 
https://latinta.com.ar/2020/05/pandemia-chaco-discriminacion-racial/

3 DE JUNIO 2020

Investigadores e investigadoras denunciamos y repudiamos la vulneración de los derechos, así como las crecientes situaciones de violencia y discriminación de diferentes pueblos originarios en diversas regiones del país, situaciones las que tomamos conocimiento por nuestro trabajo con los mismos desde las universidades y centros de investigación del país. Ya en el mes de Abril, denunciamos diversos abusos de los cuales fueron objeto diferentes pueblos Indígenas de la República Argentina.

Lamentablemente, en el contexto de la pandemia del COVID-19 y las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Decreto 297/2020), se han profundizado y exacerbado diversas situaciones de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia les integrantes de los pueblos originarios, los cuales se han producido a través de acciones arbitrarias por parte de la ciudadanía, grandes propietarios y/o graves abusos  de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad, asumiendo en algunos casos características sumamente conflictivas y traumáticas.

Aquí nos referiremos en particular a los graves hechos que han tenido lugar en la localidad de Fontana, localizada a 5 kilómetros de la capital provincial de la provincia de Chaco. A finales del pasado mes de mayo, una familia qom de la localidad Fontana, fue víctima del abuso y violencia policial. Por la noche, un grupo de efectivos de la comisaría tercera ingresaron al domicilio de la familia, sin una orden de allanamiento. Luego de golpearles y dispararles con armas de fuego, detuvieron a cuatro jóvenes en la comisaría donde les rociaron con alcohol, torturaron y abusaron sexualmente (vulnerando toda norma que rige en un estado de derecho). Este hecho ha sido denunciado por les jóvenes que lo sufrieron, en conjunto con la Mesa Multisectorial Feminista y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-APDH.

Cabe destacar que estos hechos no son aislados y se vienen produciendo en este escenario con mayores niveles violencia. En este sentido nos parece importante mencionar que en el mes de abril en Pampa del Indio, mientras un integrante del pueblo qom intentaba cazar, agentes de seguridad le dispararon con balas de plomo y lo hirieron gravemente. 

A esta situación de extrema gravedad se suma lo que ocurre cotidianamente en la zona del barrio Gran Toba, en la ciudad de Resistencia (capital de la porvincia de Chaco), donde se están incrementando los casos de contagio con COVID19, en condiciones deficitarias de higiene y salubridad. Frente a esto, se profundiza la segregación barrial ya que diferentes dependencias gubernamentales han dispuesto aislar a les habitantes del barrio restringiendo la circulación a partir de la colocación de montículos de tierra y vallas en los accesos. Asimismo, se ha dispuesto un espacio para aislamiento y un camión sanitario. Les vecines del barrio afirman que no reciben tratamientos médicos adecuados y no les envían alimentos para cubrir las necesidades de les habitantes. A los montículos de tierra y el vallado se sumaron efectivos de las fuerzas de seguridad que patrullan la zona para prohibir la circulación de personas, lo cual reafirma y profundiza estos escenarios de violencia y discriminación contra los pueblos originarios. Esto hace necesario un mejoramiento de los canales de comunicación y apoyo de las organizaciones y familias al interior del Gran Toba. Es imprescindible el acuerdo de un protocolo de comunicación con las familias y las personas en aislamiento e internación; que implique un llamado de atención a las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales. 

Frente a estos lamentables hechos, queremos además manifestarnos en contra de la violencia simbólica ejercida por diversos medios de comunicación hegemónicos en la (re)producción de un imaginario discriminador y racista que profundiza las relaciones sociales de desigualdad y vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. La misma constituye el marco necesario para que luego ocurran las acciones de violencia física como las aquí descriptas. También nos manifestamos frente a expresiones tales como “brecha cultural” o de "dificultades para el entendimiento entre las partes", ya que esto es propio de un culturalismo que contribuye a ocultar las verdaderas causas que como hemos dicho son las condiciones deficitarias de existencia y el racismo. 

En este contexto por demás complejo, a partir de nuestras experiencias de trabajo e investigación con los pueblos indígenas, reforzamos la necesidad y urgencia de generar mecanismos de participación mediante los cuales las organizaciones representativas de los pueblos originarios contribuyan en la articulación de las diversas acciones. Nos referimos a situaciones deficitarias en aspectos sanitarios, salud intercultural, educación, alimentación, que frente a la retracción de la economía (y en especial al empleo informal que afecta gravemente a los pueblos indígenas) se han agravado, por lo que resulta sumamente necesaria y urgente la implementación de políticas públicas y distintas acciones que deben articular a los sectores responsables de la administración pública, técnicos y académicos con las organizaciones indígenas, a fin de que las intervenciones atiendan a las diversas particularidades socioeconómicas, culturales, educativas, ambientales y sanitarias en que se enmarca cada pueblo y sus comunidades.

Demandamos las sanciones correspondientes a los responsables de estos graves hechos, y que los diferentes poderes hagan cumplimiento efectivo de las obligaciones que conlleva este particular contexto de pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio vigente; al mismo tiempo que exigimos que las competencias provinciales o municipales no sean un impedimento para que estos hechos sean juzgados y penalizados. Recordamos que los derechos de los pueblos originarios en general, y en particular de las comunidades afectadas en esta coyuntura, están previstos en la Constitución Nacional (art. 75º, inc. 17º), diversos convenios internacionales (Convenio 169 de la OIT), así como otras legislaciones nacionales, provinciales y locales.

Ver la declaración completa para adherir y difundir.

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Equipos firmantes: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), el Instituto de Ciencias Antropológicas los siguientes grupos: “Programa Etnicidades y territorios en redefinición”, “Programa Antropología y  Educación”, “Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena” y el equipo Niñez Plural (CONICET/ICA-FFYL, UBA), el “Equipo de Antropología de la Religión” (EAR), “Grupo Antropología del Riesgo”, “Programa Antropología Política y Economía regional”. Equipos de extensión “Pueblos originarios…y “Economía Popular, Trabajo y Territorio…”, del “Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria” (CIDAC), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE-FFyL-UBA). También participan de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el “Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social” de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (LIAS - FCNyM - UNLP), la Cátedra de Extensión Rural del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue (AUSMA-UNCo), el Instituto de Salud Comunitaria, de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), el Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Instituto Interdisciplinario Puneño (InIP-UNCA), el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-CONICET-UNT) las Cátedras de Antropología en la Sociedad Contemporánea y de Antropología, Política y Conocimiento (ambas de la Universidad Nacional de Catamarca), y la Cátedra Antropología Sociocultural I (FCNYM, UNLP), el Colectivo de investigación el Llano en llamas (Córdoba), Grupo de Trabajo “Educación e Interculturalidad” de CLACSO (2019-2021), el GIEPPPII, Grupo interdisciplinario de estudio sobre políticas públicas participativas, interculturales e interseccionales. También diferentes equipos de la Universidad Nacional de Salta: el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH-CONICET-UNSa) y el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN-UNSa). También firma la Red de investigadores nacionales de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS). Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) - Secretaría de Extensión Universitaria - Programa de Desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamericana. Universidad Nacional de Luján (UNLU): Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP-UNLu). 

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